Se entiende por empresa
pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda
aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o
de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o
parcial.1 Sin embargo, la Unión Europea define a una empresa pública
como cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan
ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón
de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que
las rigen. Este concepto no se debe confundir con la "public
company" estadounidense.
En el caso de propiedad parcial, el criterio para
determinar si una empresa debe o no ser considerada pública no es
tanto el porcentaje de acciones en poder del sector privado como el
control efectivo que el Estado tenga sobre el proceso de toma de
decisiones en la empresa. El elemento crucial en la empresa pública
es la capacidad del Estado para ejercer presión política directa en
la compañía. El accionista mayoritario es el Estado, con unos
objetivos que pueden ser muy diversos y, lo que es más, cambiantes
con el proceso político. En opinión de J.K. Galbraith, hay muchas y
muy características similitudes entre las grandes empresas privadas
y las grandes empresas públicas. Unas y otras, y ello es
especialmente cierto en los sectores industriales y de servicios
públicos, están cada vez más despersonalizadas y cada vez más
burocratizadas.
La gran mayoría de los estados del mundo controlan
empresas con diferentes fines, que pueden ser proveer servicios
públicos, incentivar la producción del país o generar empleo, por
nombrar algunos.
La República Argentina tiene un tipo societario
especial pero opcional para empresas públicas, que es el de Sociedad
del Estado.